Fue radicado ante el Congreso el proyecto de ley de prórroga de la Ley 418 de 1997, que servirá de marco al Gobierno Nacional para poder dialogar con los diferentes grupos armados en el propósito de buscar la denominada 'Paz total' en el país.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, declaró que la iniciativa busca varias cosas, como crear la figura de "miembro-representante", que serán las personas que deleguen los grupos ilegales para los diálogos con el Gobierno.

A estas personas, si es necesario, se les aplicará el levantamiento de órdenes de captura mientras dure el proceso.

Otro de los puntos que menciona el texto son las llamadas “regiones de paz”, lugares en donde se podrán realizar los diálogos de paz con los miembros de los grupos ilegales. 

Igualmente, el proyecto se refiere a la paz como una política de Estado, con el fin de que se comprometan las autoridades de todas las ramas a trabajar en favor de su cumplimiento. 

“La política de paz será una política de Estado y en tal sentido, comprometerá a las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público, quienes deberán orientar sus actuaciones a darle cumplimiento. Asimismo, los diferentes gobiernos deberán garantizar la continuidad de las políticas públicas de paz y, en consecuencia, tendrán el deber de concluir aquellas que sean fijadas por administraciones precedentes”, cita un apartado del texto.

Igualmente elimina el servicio militar obligatorio para cambiarlo por un "servicio social para la paz", que consiste en otras actividades relacionadas como la reconciliación del país. 

• Servicio social para promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas.
• Servicio social para el trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos.
• Servicio social para la refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz.
• Servicio social para promover la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización.
• Servicio social para la protección de la naturaleza y la biodiversidad. 

Finalmente, será el Congreso de la República quien debata para darle luz verde al proyecto que desde ya ha generado polémica en el país.